En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels abrieron el Manifiesto del Partido Comunista anunciando que «un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo». Casi siglo y medio después, Francis Fukuyama creyó advertir el fenómeno contrario: agotado el comunismo soviético, la democracia liberal parecía encaminarse a ser la nueva expresión política dominante (¡qué iluso!). Primero lo planteó en 1989; posteriormente, desarrolló la tesis en El fin de la historia y el último hombre (1992). La historia, sin embargo, se negó a bajar el telón.
Los ochenta aparentemente le daban la razón. Mijaíl Gorbachov emprendió transformaciones en una Unión Soviética que se disolvería en 1991, tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Para Cuba, dependiente por décadas del respaldo económico soviético, esto significaba perder a su principal aliado exterior.
Mientras un mundo se derrumbaba, ¡otro recién se erigía!
En julio de 1990, Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva, este último, a quien «El Comandante» siempre consideró su igual, convocaron en São Paulo a partidos, movimientos y organizaciones de izquierda latinoamericanos en aras de discutir qué hacer frente a la caída del Muro, la crisis del «verdadero socialismo» y el avance de las reformas liberales en la región.
Esa reunión dio origen al Foro de São Paulo.
Quien quiera profundizar en tales hechos puede acudir a dos magníficos aportes de mi guapísima amiga Gloria Álvarez, quien conoce a fondo la articulación política de la izquierda latinoamericana y la ha explicado ampliamente tanto en esta entrevista como en esta exposición.
Fidel conservaba su “revolución”; Lula comenzaba a consolidar su poder a través de las urnas. Décadas más tarde, aquel sindicalista brasileño ocuparía, una vez más, el centro de la política latinoamericana.
Y ahí comienza esta historia: la historia del último heredero de Fidel.
Claramente, un hombre de ese calibre no puede ser un novato en materia de controversias. En los gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores), a Brasil lo sacudió «el Mensalão», esquema de sobornos que se convirtió en uno de los mayores juicios de la historia del Supremo Tribunal Federal; luego, el gigantesco entramado de corrupción en torno a Petrobras, constructoras y contratistas de la talla de Odebrecht, investigado por la «Operación Lava Jato». El mismo Lula fue condenado por corrupción y lavado de dinero y permaneció 580 días en prisión. Con el paso de los años, sus condenas serían anuladas: el Supremo estableció que el Tribunal de Curitiba carecía de competencia para juzgar aquellos procesos y reconoció la parcialidad del entonces juez Sérgio Moro en el «caso del tríplex». Así, entre escándalos, cárceles, anulaciones y regresos, Lula recuperó el Palacio de Planalto en 2023.
¡Y ayer lo volvió a hacer! En su condición de octogenario, derrotó a Flávio Bolsonaro por más de cuatro millones de votos y aseguró un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Flávio ya anunció que buscará anular el resultado por la extensión extraordinaria del horario de votación, aunque los analistas estiman remoto que prospere. Y quienes sueñen con un milagro judicial probablemente deban moderar el entusiasmo: si la disputa acaba escalando hasta el STF, cuatro de los diez magistrados que hoy integran la corte los nombró Lula, entre ellos Cristiano Zanin, quien se desempeñó como su abogado durante la «Lava Jato», y Flávio Dino, antiguo titular de Justicia en su gabinete. ¿Control absoluto? Jurídicamente, no; pero tampoco estamos hablando de un tribunal cuya configuración política le sea precisamente indiferente.
Por si semejante trayectoria no bastara para tensar la credibilidad pública, la jornada electoral en sí ofreció una escena difícil de ignorar. El ya mencionado Cristiano Zanin dispuso una extensión de dos horas en los lugares donde la votación aún no había concluido a las 17:00, al tiempo que el TSE postergó hasta las 19:00 la totalización y divulgación de los resultados. El titular del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, aceptaría después que no existía una norma que autorizara una prórroga de esa naturaleza y que la medida era inédita. Nada de esto demuestra fraude, y sostenerlo sin pruebas sería irresponsable; no obstante, sí plantea interrogantes legítimos sobre independencia, percepción de imparcialidad y confianza institucional. Porque el problema de una democracia que gira año tras año alrededor de los mismos nombres no inicia únicamente cuando se vulneran sus reglas: inicia cuando demasiados ciudadanos dejan de validar a quienes las administran.
Brasil habló y la advertencia es difícil de ignorar. A mi México lindo y querido le corresponde observar con atención su propio calendario: antes de 2030 viene 2027. Y quizá entonces descubramos si andamos contemplando una realidad ajena o, simplemente, nuestro futuro con cuatro años de prelación… y al final, Sheinbaum no se quedó sola.
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