Hace un par de semanas conocí el caso de un joven ecuatoriano que estudia en Argentina y criticaba las medidas del gobierno de Javier Milei para limitar la gratuidad de ciertos servicios públicos destinados a extranjeros. Su argumento era sencillo: denunciaba como injusto que un migrante tuviera que pagar por servicios que antes recibía gratuitamente.
Más allá del caso particular —que admite matices—, el episodio plantea una cuestión de fondo: ¿por qué una persona que llega a un país se atribuye el derecho a que los contribuyentes de ese país sufraguen su educación o su atención médica?
El problema no es la nacionalidad: el problema es quién paga la cuenta.
Todo Estado de bienestar descansa sobre un principio elemental: unas personas financian, vía impuestos, prestaciones que otras reciben. El modelo puede ser defendido o criticado, pero posee una lógica interna: los contribuyentes costean un conjunto de servicios del que, en principio, también se benefician.
La dificultad aparece cuando ese sistema pretende coexistir con una política migratoria muy abierta. Si se permite el ingreso de cualquier persona y su acceso a servicios costeados por terceros no exige requisitos previos, el vínculo entre quien contribuye y quien recibe comienza a diluirse.
No se trata de afirmar que los migrantes viajan para aprovecharse del Estado. No. Eso sería una caricatura. La mayoría migra para trabajar, emprender o construir un mejor futuro. Sin embargo, las instituciones no deben diseñarse suponiendo que todos actuarán de la mejor manera posible, sino considerando que las personas responden a los incentivos que generan las propias reglas.
Ludwig von Mises advertía que ninguna sociedad logra escapar a las leyes de la economía. Los recursos son escasos y toda prestación pública tiene un costo que alguien debe asumir. Presentar un servicio como “gratuito” no elimina esa obligación: simplemente la traslada al contribuyente. La pregunta, entonces, sigue siendo la misma: ¿quién paga la cuenta?
Friedrich Hayek destacaba la importancia de las instituciones cuyos incentivos contribuyen a mantener un orden social estable. La separación sistemática entre el beneficiario y el financiador genera tensiones económicas y políticas difíciles de evitar, no necesariamente por mala fe: el sistema deja de alinear responsabilidades con derechos.
Si un país ofrece salud, educación y otras prestaciones sufragadas por los contribuyentes sin condicionar su concesión a un período razonable de residencia, trabajo o contribución, es previsible que muchas personas asuman que tienen derecho a recibirlas. No por oportunismo: el propio diseño institucional transmite ese mensaje.
Ayn Rand llevó esta discusión más lejos al distinguir entre derechos y beneficios. Los derechos individuales son libertades que demandan que otros se abstengan de interferir; no son títulos para disponer del trabajo o de los recursos de terceros. Elevar una prestación financiada con impuestos a la categoría de “derecho” implica imponer una carga a las personas que deben costearla.
Por eso surge una contradicción que pocos se atreven a discutir. Una sociedad puede optar por un Estado de bienestar amplio. Del mismo modo, puede optar por fronteras muy abiertas. Lo difícil es compatibilizar ambas políticas sin incrementar la presión fiscal, el endeudamiento público o los conflictos distributivos.
El propio Mises defendía la libertad de movimiento en economías basadas en el libre mercado, aunque reconocía las dificultades que planteaba la inmigración bajo regímenes intervencionistas. Desde esta perspectiva, en un esquema de bienestar, la inmigración deja de ser únicamente un fenómeno de intercambio voluntario para adquirir también una dimensión fiscal.
Por ello, quienes defienden fronteras abiertas deberían explicar cómo sostendrán un Estado de bienestar universal sin incrementar indefinidamente la presión impositiva. A su vez, los partidarios de un Estado de bienestar generoso deberían responder si ese modelo puede conciliarse con el acceso inmediato e irrestricto de cualquier persona a servicios y prestaciones financiados por terceros.
La discusión no debería centrarse en si un migrante merece o no recibir ayuda. La asistencia humanitaria en situaciones de emergencia posee una justificación moral evidente. La cuestión fundamental consiste en determinar cuándo una ayuda excepcional se transforma en un derecho permanente exigible contra el patrimonio de quienes nunca dieron su consentimiento para financiarla.
Desde una perspectiva liberal, la solución pasa por la coherencia institucional. Si una sociedad decide mantener fronteras relativamente abiertas, el Estado de bienestar tendrá que ser más limitado o supeditar el acceso a determinadas prestaciones a un período de residencia, trabajo y contribución efectiva. Si, por el contrario, desea preservar un sistema amplio de redistribución sustentada en la recaudación tributaria, tendrá que establecer criterios claros sobre quién puede acceder a dichos programas y con arreglo a qué requisitos.
No se trata de xenofobia ni de falta de solidaridad. Se trata de reconocer una realidad elemental que la economía no permite eludir: toda prestación pública tiene un financiador concreto. Ninguna sociedad puede ignorar indefinidamente quién paga la cuenta.
En consonancia con el pensamiento de Hayek, la prosperidad y la estabilidad social no se garantizan con las mejores intenciones, sino con instituciones compatibles con la naturaleza humana y con los incentivos que generan. Desatender este principio suele ser el primer paso hacia políticas que prometen mucho más de lo que pueden materializar.
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