Durante el primer semestre de 2026, Bolivia volvió a ser escenario de protestas y bloqueos de carreteras, mientras las reacciones a un decreto que afectaba a las pequeñas propiedades agrícolas se transformaban en un intento frontal por derrocar al recién nombrado presidente de la república. Si bien la ley fue derogada poco después, las movilizaciones continuaron; las quejas originales quedaron relegadas a un segundo plano y se generalizaron los informes sobre «multas» por negarse a participar en los cierres de las carreteras. Motivos ocultos habían puesto en marcha una maquinaria coercitiva. Esta deriva de la movilización espontánea a la desestabilización coordinada no sorprendió a los bolivianos, ya que, lamentablemente, es común que los líderes sindicales inciten a comunidades enteras a protestar mediante amenazas de multas de hasta 500 bolivianos por persona (50 dólares, aproximadamente) y sanciones comunales, entre ellas la privación del acceso a la tierra y la expulsión de sus comunidades.
La cooptación de la población para las protestas es un fenómeno bastante conocido en Bolivia. A partir de la Reforma Agraria de 1953, los sindicatos se han erigido en poderes de facto en las zonas rurales empobrecidas y han actuado al servicio de los partidos gobernantes, valiéndose del control de la tierra con fines de influencia electoral y movilización. Las tradiciones comunales que habían beneficiado a las pequeñas comunidades campesinas acabaron siendo instrumentos para someterlas. Contrariamente a lo que muchos esperaban, el ascenso al poder de Evo Morales en 2006 no alteró esta dinámica. Su régimen, en cambio, reforzó la subordinación de las fuerzas sociales y los sindicatos a través de una combinación de criminalización y una cultura de sobornos.
Las estructuras jerárquicas tradicionales de los movimientos sociales terminaron desvirtuadas, empleadas para doblegar a sus integrantes y ejercer coerción desde el sistema sindical. Tras asumir la presidencia, Morales aprovechó este dispositivo para impulsar su agenda sin recurrir a las fuerzas armadas ni a la policía. Sin embargo, los sindicatos andinos no se alinearon inmediatamente con el régimen socialista. Pese a haber llegado al poder abanderando sus reivindicaciones, su principal bastión no residía en la región andina occidental, sede de las mayores organizaciones campesinas, sino en los valles del Chapare, en el centro de Bolivia, donde hasta hoy lidera los seis sindicatos de productores de coca.
Los límites de su liderazgo se evidenciaron cuando los representantes del sindicalismo andino amenazaron con derrocarlo a raíz de un decreto destinado a eliminar los subsidios a la gasolina, en diciembre de 2010. Lejos de precipitar el fin de su presidencia, aquel episodio marcó un punto de inflexión en la convergencia de intereses entre los productores de coca y los dirigentes del altiplano andino, quienes forjaron una alianza política que se prolongó 16 años.
A lo largo del régimen socialista, la relación clientelista con los dirigentes sindicales en los Andes se apuntaló gracias a la instauración de un entramado encubierto que permitió perpetuar su dominio territorial y avasallar a las comunidades. Una serie de leyes y reformas constitucionales impulsadas por el partido socialista cimentó y blindó un sistema que contempla la adjudicación de títulos de propiedad colectiva a pueblos y comunidades, incluidas distintas figuras: territorios indígenas, comunidades interculturales originarias y comunidades campesinas.
Estas figuras confieren derechos que abarcan vastas extensiones territoriales en nombre de toda la colectividad. Según el artículo 394 de la Constitución boliviana, dichas propiedades son indivisibles, inembargables y están exentas del impuesto a la propiedad agraria. El aspecto clave radica en que las disposiciones legales reconocen mecanismos de administración y distribución interna de estas tierras, conforme a los «usos y costumbres» de cada comunidad. En teoría, este reconocimiento fortalecería sus mecanismos tradicionales para administrar justicia y coordinar el trabajo; en la práctica, se tradujo en bloquear carreteras y manifestarse para impedir la salida de Morales del poder.
Morales afianzó el sistema para alcanzar sus objetivos políticos; no obstante, su renuncia y huida del país tampoco significaron la emancipación de las comunidades. Su sucesor en la presidencia mantuvo la distribución de “regalos” y recursos, aunque la relación adquirió una dinámica diferente. En medio del colapso económico que enfrentaba el nuevo gobierno socialista, los sobornos buscaban evitar las movilizaciones en lugar de provocarlas y garantizar la permanencia del oficialismo sin oposición. Concluidas las últimas elecciones, y a pesar de la contundente derrota del partido gobernante, los dirigentes sindicales leales volvieron a cerrar filas en torno a Morales, anhelando recuperar su lucrativa posición. Las protestas de este año llegaron incluso a exigir elecciones anticipadas, sin que el actual presidente hubiera cumplido siquiera su primer año en el cargo.
El uso de amenazas, multas y violencia para doblegar a las comunidades sigue vigente, alimentado por el arraigo institucional de estas conductas coercitivas. Más grave aún es el daño sistémico: las movilizaciones de estos sectores han sufrido una pérdida de legitimidad, pues el gobierno de Morales las instrumentalizó para imponer su voluntad. El legado de su presidencia comprende el establecimiento de un régimen autoritario que prescindió de las fuerzas estatales convencionales. A ello se suma el deterioro de la percepción pública de las expresiones de inconformidad que alguna vez fueron consideradas legítimas por amparar a los sectores más vulnerables de mi país.
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