«Una nación que ha llegado a este grado de corrupción, no sólo está muy próxima a ser el teatro de las más grandes maldades».
— José María Luis Mora, «padre del liberalismo mexicano», sobre la degradación cívica, la dependencia del poder y el peligro que ambas entrañan para las libertades públicas, Discurso sobre los perniciosos efectos de la empleomanía (1827).
Recién se apagaron las luces de las Fiestas Patrias. México se revistió de verde, blanco y rojo, gritó su nombre y celebró una vez más una historia de independencia que mantiene intacta su condición de motivo legítimo de orgullo. ¡Y debe serlo! Aun así, amar a México no requiere cerrar los ojos ante lo que lo hiere; acaso requiere exactamente lo contrario: mirarlo con mayor atención, pese a que a muchos les incomode.
Nuestra independencia no se agota en una ceremonia ni la libertad sobrevive por inercia. Concluidos los festejos, vale la pena indagar qué país se revela después del último «¡Viva México!»: uno donde la violencia se vuelve paisaje, el Estado amplía sus capacidades de identificación, los contrapesos pierden fuerza y el poder exhibe a sus críticos. La libertad también se pierde a fuerza de acostumbrarse a cederla.
México no está en guerra. No existe una invasión extranjera, las alarmas antiaéreas no interrumpen nuestras noches y ningún ejército enemigo avanza sobre el territorio nacional. Tampoco hay una declaración formal de hostilidades ni ciudades sitiadas por tropas extranjeras. No obstante, durante 2025 nuestro país registró preliminarmente 27.989 defunciones por presunto homicidio.
La cifra debería bastar para alertarnos sin necesidad de compararla con ningún conflicto extranjero. La pregunta verdaderamente perturbadora es cómo llegó un país que formalmente vive en paz a resignarse a contar sus muertos por decenas de miles cada año. Quizá hemos construido una categoría propia: una paz en la que se asesina, se extorsiona y se hace desaparecer a personas; una normalidad en la que millones modifican horarios, rutas y hábitos para reducir la posibilidad de convertirse en la siguiente estadística.
Aquí no hay sirenas que anuncien bombardeos, pero sí comerciantes que reciben mensajes exigiendo «derecho de piso». No vemos tropas extranjeras, pero conocemos carreteras que evitamos por miedo. No existen refugios subterráneos, pero son las madres quienes recorren terrenos y fosas clandestinas buscando a sus hijos con herramientas que, demasiadas veces, tuvieron que comprar ellas mismas. La violencia irrumpe en las primeras planas, luego se transforma en una cifra y finalmente se incorpora a la rutina. México no está en guerra: ha aprendido a enterrar a sus muertos en tiempos de paz.
Frente a semejante realidad cabría esperar un Estado obsesionado con perseguir criminales, profesionalizar policías, fortalecer fiscalías, combatir la extorsión, localizar desaparecidos y reconstruir un sistema de justicia que le devuelva al ciudadano la confianza perdida. Con esas responsabilidades aún pendientes, el propio Estado amplía sus mecanismos de identificación dirigidos a aquellos que sí están a su alcance: los ciudadanos que cumplen la ley.
Un Estado que identifica no siempre protege
Desde 2026, las líneas móviles deben estar vinculadas a una persona física o moral. La medida ha sido presentada como un instrumento para combatir la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad. El objetivo puede parecer razonable; eso no hace menos indispensable la pregunta democrática: ¿en qué momento la incapacidad estatal para perseguir efectivamente a quienes delinquen justifica imponer nuevas obligaciones de identificación a millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?
Las compañías telefónicas realizan la vinculación y resguardan los datos; de acuerdo con la autoridad reguladora, los registros no confluyen en una base gubernamental única. Eso no impide que, en el marco de investigaciones relacionadas con delitos, las autoridades competentes puedan solicitar información a las empresas conforme a las disposiciones legales aplicables. El debate, por tanto, no debe quedar atrapado en la disyuntiva infantil de estar a favor de la seguridad o a favor de los delincuentes. Una democracia madura puede combatir el crimen sin renunciar a discutir los límites del poder; de hecho, debe hacerlo.
La contradicción de fondo es difícil de ignorar: vivimos en un país donde miles de familias continúan buscando a personas desaparecidas y, en paralelo, el aparato estatal desarrolla mayores capacidades para identificar a la población que sí permanece visible. Dicho de otra manera, ese mismo poder público que reiteradamente no consigue dar contigo tras perderse tu rastro quiere tener certeza de quién eres cada vez que te comunicas. Puede haber razones atendibles para ello; precisamente por eso los ciudadanos debemos exigir reglas claras, controles verificables y consecuencias ante cualquier abuso.
La discusión en torno a la privacidad suele incurrir en un error recurrente: evaluamos las facultades del Estado según la confianza que sentimos por quien ocupa temporalmente el gobierno. Si confiamos en esa persona, las herramientas parecen inofensivas; si desconfiamos, advertimos sus riesgos. Tal criterio falla porque las instituciones no pueden diseñarse pensando exclusivamente en la administración de turno: deben resistir también a quien podría asumir el poder mañana; esa es la diferencia entre confiar en un gobernante y construir una república.
Las libertades no pueden sostenerse en la promesa de que la autoridad utilizará correctamente sus atribuciones. Si dependieran de su buena voluntad, dejarían de ser derechos para convertirse en concesiones. La privacidad tampoco consiste en esperar que el gobierno se porte bien, sino en establecer reglas y contrapesos destinados a impedir que se porte mal sin pagar un costo institucional. Por eso las preguntas son inevitables: ¿quién puede solicitar información?, ¿en qué circunstancias?, ¿quién autoriza su entrega?, ¿quién supervisa el procedimiento?, ¿puede el ciudadano impugnarlo? Y, sobre todo, ¿qué institución conserva la independencia suficiente para decirle que no al poder cuando sea oportuno?
El contrapeso que debe proteger al ciudadano
Esta última pregunta conduce al Poder Judicial. El sistema mexicano nunca fue perfecto: a lo largo de décadas acumuló señalamientos por corrupción, nepotismo, lentitud, privilegios y decisiones incomprensibles. Defender su independencia no equivale a idealizar a los jueces ni negar los vicios históricos de la institución. México necesitaba —y aún necesita— una justicia más efectiva, accesible y confiable. Ese diagnóstico, por sí solo, no obliga a aceptar que cualquier transformación fortalece automáticamente al sistema.
La reforma judicial modificó profundamente el mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros. La primera elección judicial federal registró una participación cercana al 13 % y estuvo rodeada por una discusión pública sobre los llamados «acordeones», materiales que recomendaban determinadas candidaturas. Desde 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había advertido sobre posibles afectaciones a la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de derecho.
La discusión debió trascender el falso dilema entre defender una vieja élite judicial o respaldar incondicionalmente el nuevo modelo. La pregunta esencial es otra: ¿quién protegerá al ciudadano si el propio gobierno vulnera sus derechos? La independencia judicial importa no porque los jueces sean moralmente superiores: importa porque alguien debe tener la potestad de frenar los excesos del poder.
Durante años, el juicio de amparo ha sido una de las herramientas fundamentales con que cuenta el ciudadano para someter los actos de autoridad al escrutinio constitucional. Un juez puede suspender una decisión, conjurar un daño potencialmente irreparable y recordar al Estado que incluso una mayoría política encuentra límites en la Carta Magna. Por ello la independencia del árbitro es más importante que su simpatía ideológica; la justicia no debe gravitar en la órbita del gobierno ni de la oposición: debe guardar la distancia institucional que le permita revisar a ambos.
Bajo un escenario en el que el Ejecutivo, la mayoría legislativa y una parte sustancial de las instituciones encargadas de revisar sus actos comparten un mismo proyecto político, la cuestión de los contrapesos deja de ser académica. Se mueve entonces al terreno de esta pregunta ciudadana: ¿quién puede decir que no? Una Constitución puede enumerar decenas de derechos, pero un derecho sin una institución independiente capaz de hacerlo valer frente al poder corre el riesgo de no ser más que una promesa escrita con excelente caligrafía.
Cuando el poder singulariza a sus críticos
Dentro de ese contexto adquiere una dimensión distinta una escena reciente que debería incomodar a cualquier demócrata, independientemente de sus simpatías políticas. Desde una conferencia presidencial se consignaron en pantalla nombres y cuentas de periodistas, comunicadores, medios y ciudadanos críticos. El gobierno sostuvo que se trataba de un análisis de tendencias digitales. ¡Ahí surge una objeción de fondo! Una democracia no solo debe interrogarse acerca de si el gobierno puede hacer algo: debe ponderar el mensaje que envía cuando decide hacerlo.
Si el propósito era estudiar una conversación digital, ¿resultaba indispensable singularizar públicamente determinadas cuentas desde la principal tribuna política del país? Si se pretendía responder argumentos, ¿por qué colocar identidades particulares frente a una maquinaria de comunicación gubernamental cuya capacidad de amplificación supera por mucho a la de cualquier ciudadano? Y si no existía intención de señalar, ¿por qué tantas personas vieron en el ejercicio, precisamente, un señalamiento?
No hace falta compartir una sola opinión de quienes aparecieron en aquella exposición para comprender el riesgo. Esa es, de hecho, la prueba decisiva: la libertad de expresión no fue creada para proteger únicamente las ideas con las que coincidimos, sino para garantizar el desacuerdo. El poder, además, siempre acuña términos amables para describir sus facultades. La vigilancia puede justificarse como seguridad; la propaganda, presentarse como información; el señalamiento, explicarse como derecho de réplica; y una relación pública de nombres, describirse como análisis.
Nada de ello significa que toda acción gubernamental de esa naturaleza pueda equipararse automáticamente al autoritarismo. Significa algo más elemental: ninguna debe quedar exenta de escrutinio solamente porque la autoridad asegure tener buenas intenciones. La exhibición de ciudadanos críticos desde el poder no agota su mensaje en quienes aparecen en una pantalla; también lo reciben periodistas, académicos, empresarios, activistas, estudiantes y personas comunes que quizá mañana tengan una pregunta que al poder no le sea muy “adecuada”.
Y así emerge uno de los mecanismos políticos más antiguos y letales: la autocensura. Un gobierno no necesita silenciar directamente a millones de personas si logra que un número considerable de ciudadanos concluya que hablar puede traerles problemas. El miedo político alcanza su máxima efectividad al emanciparse de la orden explícita y el ciudadano comienza a censurarse a sí mismo.
La erosión que se vuelve costumbre
Solemos imaginar las tiranías como una escena cinematográfica: tanques entrando a una plaza, militares clausurando un Congreso, periódicos cerrados y opositores encarcelados. A veces ocurre de ese modo; muchas otras, no. Las democracias conocen formas mucho más graduales de erosión: procesos legales, reformas aprobadas por mayorías, controles justificados por emergencias, instituciones que pierden autonomía y pequeños abusos que la sociedad aprende a tolerar porque cada uno, observado por separado, parece de escasa entidad para encender todas las alarmas.
El peligro está en la secuencia. Primero se desacredita a los contrapesos porque son corruptos; después se transforma su composición porque deben democratizarse; más tarde se amplían las capacidades de identificación porque necesitamos “seguridad”; finalmente se exhibe a críticos porque el gobierno reclama para sí el derecho a defenderse. Cada argumento puede contener una parte de verdad. La pregunta reside en el resultado conjunto.
¿Cuándo inicia exactamente una tiranía?, ¿cuándo se encarcela al primer opositor?, ¿cuándo se clausura un periódico —o mucho antes—?, ¿cuándo la sociedad considera razonable que el gobierno determine cuáles voces son legítimas y cuáles merecen ser señaladas?, ¿la libertad de expresión aguarda a la proscripción formal de la palabra para desvanecerse, o empieza a deteriorarse cuando hacerlo adquiere un costo suficientemente alto para que muchos prefieran callar? Ningún proyecto autoritario anuncia que desea menos libertad; siempre encuentra una causa noble —la seguridad, la justicia, la igualdad o la voluntad popular— para solicitar un poco más de poder.
Por eso la democracia no solo implica desconfiar de los gobernantes que detestamos: implica limitar aun a aquellos que admiramos.
La protesta que cambió de relación con el poder
Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que una parte importante de la sociedad mexicana hallaba perfectamente legítimo cuestionar al presidente desde las calles, las universidades, los medios y las redes. Movimientos tales como #YoSoy132 o las movilizaciones posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron expresiones distintas de una misma idea democrática: el poder debe soportar el disenso de una ciudadanía que interpela.
Hoy sobran razones para indignarse. Persisten la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad; continúa la discusión sobre la militarización de tareas civiles, y a ella se suman reparos en materia de privacidad, contrapesos institucionales y la manera en que la autoridad responde a sus críticos. ¿Dónde está ahora su capacidad de movilización?
Por décadas, diversos sectores de la izquierda latinoamericana desarrollaron una enorme habilidad para organizar el descontento, articular movimientos, construir consignas y traducir agravios fundados en presión política. Eso, aisladamente, no es condenable: es política. La incoherencia surge si los estándares para juzgar a un gobierno varían según quién lo encabeza. Ergo, la protesta que ayer era resistencia pasa a llamarse conspiración; la crítica que representaba conciencia ciudadana se rebautiza como golpismo; el periodista indócil que emplazaba al gobierno anterior era valiente; quien adopta igual actitud ante la administración de su signo acaba, convenientemente, etiquetado como mercenario.
Las causas no desaparecieron y las víctimas tampoco. Lo que se alteró, para muchos, fue su relación con el poder. De ahí una frase incómoda que resume la contradicción: «la protesta no murió; cambió de nómina». Esa lógica no pertenece exclusivamente a la izquierda. La derecha ha incurrido en esa conducta al justificar abusos, corrupción o excesos de administraciones afines mientras denuncia con furia los del adversario.
Ese es el punto: quien condena un abuso en manos de su enemigo, pero lo excusa en las de su partido, no defiende un principio, sino una identidad política. El abuso no muda de naturaleza por el color de quien lo comete; la censura no adquiere legitimidad democrática porque provenga del partido correcto, ni la vigilancia se transmuta en libertad porque la administre un gobierno popular. Los derechos que solo defendemos para quienes piensan como nosotros dejan de ser derechos y degeneran en privilegios ideológicos.
En tanto alguien conserve su voz…
La relación de periodistas, comunicadores y ciudadanos exhibidos desde la conferencia presidencial circula en redes sociales. Vale la pena buscarla, no para erigir en héroe a cada persona por el mero hecho de figurar ahí ni para asumir que todas sus opiniones son correctas. No. Vale la pena para leer, escuchar, contrastar y decidir por cuenta propia. Seguir una voz crítica no significa obedecerla: significa defender la existencia de un espacio en el que pueda hablar.
Si el propósito de exhibir determinadas voces era desacreditarlas, la respuesta de una ciudadanía libre debería ser extender la conversación. Si se pretendía aislarlas, podemos escuchar sus argumentos y juzgarlos nosotros mismos. Y si alguien esperaba que el señalamiento produjera silencio, la respuesta más democrática es multiplicar las voces. El gobierno posee instituciones, presupuestos y transmisiones oficiales; el ciudadano conserva algo aparentemente más frágil, pero decisivo: su criterio.
Sería fácil terminar esta reflexión desde el pesimismo. La violencia se ha normalizado hasta niveles que deberían resultarnos intolerables; las instituciones atraviesan transformaciones profundas y la tecnología amplía las capacidades del Estado. A ello se suma el cansancio producido por tantos escándalos, cifras, muertos y promesas. Quizá el mayor peligro no sea únicamente el miedo: es el agotamiento; ese momento en que una sociedad deja de preguntar porque concluye que preguntar ya no sirve.
No obstante, la historia nunca queda completamente en manos del poder. Cada gobierno que intentó administrar la verdad se topó con ciudadanos dispuestos a cuestionarla; cada proyecto que quiso uniformar el pensamiento enfrentó alguna voz que se negó a repetir el libreto. Ahí reside la esperanza: no en esperar que el gobierno decida voluntariamente limitarse, ni en sustituir un caudillo por otro, sino en una ciudadanía suficientemente adulta para comprender que ningún gobernante es su dueño, ninguna mayoría posee facultades ilimitadas y ningún proyecto político merece lealtad incondicional.
La democracia no consiste solamente en votar. Consiste en vigilar a quien ganó, especialmente si votamos por él. Consiste en defender el derecho de nuestros adversarios a decir cosas que detestamos, porque algún día podemos ser nosotros quienes necesitemos esa misma protección. Y consiste en preguntar cada vez que el poder solicite un poco más de confianza, más información o menos resistencia: ¿por qué?, ¿hasta dónde?, ¿quién te vigila a ti?
Hoy son unos nombres en una pantalla. Mañana puede ser cualquier ciudadano que plantee una pregunta que desate la polémica. Sin embargo, en tanto exista una persona dispuesta a hacerla, otra decidida a defender su derecho a formularla y muchas resueltas a negarse a entregar su criterio por la comodidad de una zona de confort, el silencio nunca será absoluto.
La libertad rara vez desaparece de tajo; a veces se pierde porque dejamos de ejercerla, de cuestionarnos y de tensionar nuestras propias certezas. También puede sobrevivir porque alguien decide custodiar una frontera que el poder no debe cruzar, porque alguien se niega a callar o porque alguien recuerda que ser ciudadano significa algo más que ser gobernado.
México no está en guerra. México entierra a sus muertos, discute sus libertades y decide todos los días cuánto poder está dispuesto a entregar a cambio de la promesa de sentirse seguro. La historia todavía no está escrita: si perseveran ciudadanos dispuestos a preguntarle al poder quién lo vigila, a defender el derecho del adversario a disentir y a recordar que la libertad no se hereda intacta, subsistirá algo que ningún gobierno podrá dirigir plenamente: nuestra decisión de seguir siendo libres. Mientras esa decisión permanezca viva, todavía hay esperanza.
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