El término oligarquía, del griego olígos (‘pocos’) y arkheîn (‘gobernar’), es decir, “gobierno de unos pocos”, es un concepto que puede usarse en múltiples contextos, pero cuyo significado es bastante concreto. “Establecimiento”, en cambio, es una palabra que comenzó a adquirir un significado político a mediados del siglo XX, cuando importamos su traducción del inglés establishment, que se refería a las élites políticas, grupos de poder, aristocracias o, más precisamente, al poder “establecido”. Lo interesante es cómo el segundo concepto terminó siendo una variante semántica moderna del término original ateniense.
El problema con esa noción, en general, es que resulta evanescente, sinuosa y, a veces, abstracta. ¿Qué es el establecimiento? En una democracia, esto puede ser todavía más complicado. ¿Acaso son los políticos en general? ¿O los congresistas? ¿Son los medios, los empresarios, los militares? En una democracia, todos pueden ser considerados grupos de poder, incluso la propia oposición política. Sin embargo, es precisamente esa naturaleza difusa la que permite que este concepto sea utilizado sin mayor escrúpulo ni profundidad.
NOTA: Esta es la segunda entrega de la serie. Puedes leer la primera AQUÍ.
Capítulo II: contra la demagogia del antiestablecimiento — en defensa de lo establecido
A lo largo de la historia, es posible identificar cómo los peores sátrapas han recurrido a estos dos tipos de discurso: antioligarquía y antiestablecimiento. Ambos comparten la misma entraña impostora del populismo mesiánico y son tan antiguos al nivel de la propia democracia. Desde el siglo V a. C., el sistema democrático griego ya se encontraba atravesado por el conflicto entre “el pueblo” y “los poderosos”. La tensión era evidente: desde Cleón, quien azuzaba a las masas contra la élite ateniense, hasta Aristóteles, que advertía que la democracia podía degenerar en demagogia si los líderes manipulan al pueblo contra las instituciones. Reformas como las de Solón o Clístenes ilustran este conflicto en la antigua Atenas comercial.
En la República romana, la división fue aún más marcada. Los tribunos de la plebe defendían la redistribución de tierras y la limitación del poder aristocrático. Los populares buscaban movilizar al pueblo contra el Senado, mientras que los optimates defendían el orden institucional.
En los últimos dos siglos, estos marcos retóricos han contribuido a abrir el camino para algunos de los regímenes autoritarios más abyectos. El ascenso del nazismo en la República de Weimar y la llegada del comunismo al Imperio ruso, aunque fenómenos de mayor complejidad, también recurrieron a los mismos. El discurso antioligárquico, en particular, se dirige contra una élite económica y ha sido la perorata recurrente de los enemigos del comercio; además, ha servido en calidad de instrumento para la instauración de dictaduras socialistas.
Esta clase de andamiaje populista, basada en la simplificación, la polarización, la deslegitimación institucional y el culto a la personalidad, constituye la antítesis de una democracia liberal. Es la expresión más acabada de lo que José Ortega y Gasset describió bajo la tesis del ascenso del “hombre-masa”: un individuo que renuncia al ejercicio crítico y se disuelve en la voluntad de la multitud.
No busca la verdad ni el debate razonado; busca imponer su opinión y, en última instancia, someterla a la figura de un líder. Es un individuo que rechaza toda autoridad intelectual o institucional, convencido de que su percepción basta o, peor aún, que el líder con el que se identifica encarna la verdad misma.
Desde esa lógica, deslegitima las instituciones, desprecia la tradición política y sustituye la deliberación por la lealtad tribal. Ya no hay ciudadanía, sino adhesión; ya no hay razón pública, sino fervor. Y en ese tránsito, la democracia deja de ser un sistema de límites y garantías para convertirse en un vehículo al servicio del poder.
Colombia lamentablemente no ha sido ajena a estas dinámicas. No olvido a Gustavo Petro, asomado a un balcón, agitando al pueblo, con ínfulas de caudillo y de mártir. Tratando de convencer a la muchedumbre de que era él contra la oligarquía, o más bien, que era la oligarquía en contra de él. Aunque para los nublados manifestantes el orden de los factores no alteraba el resultado.
Todos fuimos testigos de cómo ese discurso antioligárquico le allanó el camino para ostentar la primera magistratura del Estado, sendero por el cual cabalgaron el populismo, la mentira y el sicariato moral. Durante años, se inoculó la idea de que los empresarios, la prensa, las instituciones políticas y financieras y, en suma, ese conjunto al que denominaban “oligarquía” eran los grandes culpables de los males que azotaban al país.
Ese relato que proponía una visión dicotómica de la realidad se erigía entonces en una innovación para los obcecados militantes del petrismo. Pero no muchos años atrás fue la receta perfecta para que el chavismo lograra materializar una constituyente y dar inicio a un nuevo régimen autoritario. Con ese fin, de hecho, convergieron ambas narrativas: una que vilipendiaba al comercio y a los empresarios, y otra que lograba socavar los cimientos institucionales y políticos del país. El primero cumplía el propósito de justificar la planificación económica del Estado; el segundo, destruir lo establecido en el campo jurídico y político para aniquilar las libertades civiles.
En los últimos cuatro años, hemos visto cómo el gobierno de Gustavo Petro ha intentado replicar la fórmula de su fallecido homólogo, Hugo Chávez. Hasta el punto de que su candidato, Iván Cepeda, mantiene todavía amenazada a la democracia con una nueva constituyente.
Por desgracia, los infortunios del país no terminan allí. También hay un sector de la derecha empeñado en reproducir los mensajes y las formas que hoy ponen en jaque a la democracia colombiana. “Los de siempre”, “los nunca” y “el establecimiento” se repiten en las consignas de las filas abelardistas, como en su momento lo hicieron los plebeyos contra los tribunos, los populares contra el Senado o el propio Gustavo Petro frente a lo que alguna vez denominó la política tradicional. Un planteamiento colosalmente inoportuno en un momento decisivo, mientras intentamos evitar la posibilidad de que se realice una constituyente que borre de tajo, precisamente, todo lo establecido.
Entretanto, en las filas de la “coherencia” demagógica se grita contra el “establecimiento”, al tiempo que en ellas figuran nombres tan conspicuos de la casta política: Rodrigo Lara, Ernesto Gómez, Ernesto Macías, Carlos F. Mejía, Wilson Ruiz, José Félix Lafaurie, la casa Char de Barranquilla, el propio José Manuel Restrepo, Germán Calderón (abogado de Petro), Mauricio Gómez Amín, Viviane Morales, Alfredo Deluque y muchos otros que aún quedan en el tintero.
Entonces esta es mi defensa del poder establecido, por más difuso y sinuoso que parezca. Unos lo defienden tácitamente, porque lo encarnan o porque están con él pese a asegurar no estarlo; dicho sin rodeos, hacen política desde la impostura. Yo, en cambio, defiendo abiertamente lo establecido. Estoy convencido de que solo la unión de las fuerzas democráticas del país puede evitar el horror.
Es lo establecido lo que ha impedido que Gustavo Petro estatice plenamente las instituciones que sostienen la economía nacional. Es lo establecido lo que ha evitado su reelección. Es lo establecido lo que permite a la prensa criticar sin miedo a la censura. Asimismo, es lo establecido la razón por la cual no padecemos, por ahora, una hiperinflación.
Es lo establecido lo que frenó las reformas de salud y laboral. Es lo establecido lo que mantiene en jaque su reforma pensional y sus arbitrarias emergencias económicas. Y es lo establecido lo que ha contenido sus decretos autoritarios y anticonstitucionales.
Porque cuando todo lo demás se vuelve incierto, es precisamente lo establecido lo que evita que el poder se vuelva absoluto. Y cuando lo establecido cae, no emerge la libertad: emerge el autoritarismo.
Que este chiste demagógico no nos pase factura al momento en que salga a relucir lo esencial: mantener en pie el sistema democrático. Que este experimento político inoportuno no nos salga caro en segunda vuelta, al enfrentar la verdadera amenaza, que es, en última instancia, el deseo autocrático del chavismo colombiano de borrar del mapa la Constitución y, con ella, ¡todo lo establecido!
Deja un comentario