La libertad no es un lujo ni una concesión del poder político. Es una condición fundamental para que el individuo pueda vivir de acuerdo con su naturaleza racional: pensar, elegir y actuar conforme a su propio juicio.
Quien aspira a vivir por sus propios medios, y no a costa de los demás, necesita libertad para pensar, expresarse, asociarse, producir, comerciar y disponer del fruto de su trabajo. Necesita poder elegir qué estudiar, dónde trabajar, con quién relacionarse, qué ideas sostener y qué proyectos perseguir. En definitiva, necesita ser dueño de su propia vida.
Esto no significa que la libertad carezca de límites. El límite lo establecen los derechos de los demás. Tener derecho a la libertad no significa tener derecho a robar, defraudar, agredir o coaccionar. Significa poder actuar según el propio juicio mientras no se inicie el uso de la fuerza contra otros.
No obstante, a lo largo del tiempo, numerosos gobiernos han tratado la libertad no como un derecho, sino como un permiso: algo que el Estado concede y que, por lo tanto, puede restringir o retirar cada vez que lo estime conveniente.
La diferencia no es menor.
Si la libertad es un permiso, el individuo vive por tolerancia del poder. Si es un derecho, en cambio, es el poder político el que debe justificar cualquier uso de la fuerza contra el individuo.
De allí surge una distinción fundamental que con demasiada frecuencia olvidamos: lo ilegal no es necesariamente injusto, del mismo modo que lo legal no es necesariamente justo.
La historia está llena de leyes que prohibieron conductas que hoy reconocemos como ejercicios legítimos de la libertad humana. Y abundan además los hombres y mujeres que, al desobedecer esas leyes, fueron considerados delincuentes por sus gobiernos y, sin embargo, terminaron siendo recordados por haberse negado a someter su conciencia, su trabajo o su vida a una autoridad que no tenía derecho a disponer de ellos.
Si un gobierno convierte en delito el ejercicio de un derecho, inevitablemente convierte en delincuentes a quienes continúan ejerciéndolo. Por eso resulta tan revelador observar qué conductas prohíbe un Estado, a quiénes encarcela y por qué.
Una sociedad requiere leyes que protejan a las personas del asesinato, la violencia, el robo, el fraude y otras formas de coerción. Pero cuando en sus cárceles aparecen periodistas por publicar, opositores por criticar, manifestantes por protestar pacíficamente, empresarios por producir al margen de controles arbitrarios o ciudadanos por intentar abandonar su país sin autorización, el problema ya no es solamente el individuo que ha violado una ley. Cabe preguntarse por la legitimidad de la ley que ha violado.
Esta tensión entre legalidad y libertad ha acompañado a la humanidad durante siglos.
La película Robin Hood, dirigida por Ridley Scott, comienza precisamente evocando una idea de este tipo: «En tiempos de tiranía e injusticia, cuando la ley oprime al pueblo, el outlaw ocupa su lugar en la historia» (outlaw: quien queda fuera de la ley).
El fenómeno puede observarse incluso fuera de los casos extremos de persecución política. Prohibiciones y controles económicos han engendrado reiteradamente mercados clandestinos, contrabando y mecanismos destinados a eludir restricciones. Las limitaciones a la circulación de personas generan rutas alternativas; la censura genera publicaciones clandestinas y, hoy, redes digitales destinadas a sortearla.
Esto no implica, por supuesto, que todo aquel que viola una ley sea moralmente admirable. El crimen organizado puede prosperar precisamente en esos mercados clandestinos y recurrir a la violencia, el fraude y la corrupción. Al Capone no fue un defensor de la libertad por vender alcohol en plena «Prohibición».
El punto es otro: la categoría jurídica de “ilegal” no nos dice, por sí sola, nada definitivo acerca de la moralidad de una acción. Para juzgarla debemos preguntarnos qué hizo realmente esa persona y qué derecho —propio o ajeno— estaba en juego.
Orestes Lorenzo violó las leyes cubanas cuando desertó de la «Fuerza Aérea de Cuba» en 1991 y voló hacia los Estados Unidos en busca de libertad. Veintiún meses más tarde regresó clandestinamente a la isla en una pequeña aeronave para rescatar a su esposa y a sus dos hijos. Desde la perspectiva del régimen cubano, es un delincuente; desde la perspectiva de quien reconoce el derecho del individuo a decidir sobre su propia vida, su acción adquiere un significado radicalmente distinto: entendió que ningún gobierno tenía autoridad moral para mantenerlo a él o a su familia dentro de un país contra su voluntad.
La historia de Cuba ofrece innumerables ejemplos de esta confrontación entre el poder político y la voluntad individual.
Década tras década, muchos cubanos han abandonado la isla en balsas, embarcaciones precarias y a través de complejas rutas terrestres. Y el fenómeno no pertenece solo al pasado. En los últimos años Cuba ha experimentado una nueva emigración de enormes proporciones, al punto de que las propias cifras oficiales reconocen una pérdida cercana al 10 % de la población en pocos años, mientras que estimaciones independientes consideran que la magnitud podría ser aún mayor.
La misma tensión aparece en el terreno de las ideas. Organizaciones internacionales de derechos humanos siguen documentando en Cuba detenciones arbitrarias, encarcelamiento de críticos y manifestantes y restricciones severas a la libertad de expresión. Cientos de personas están detenidas por motivos políticos según organizaciones independientes, y todavía permanecen encarcelados participantes de las protestas de julio de 2021.
Las tecnologías cambian. Con ellas, los medios para escapar, comunicarse y resistir. El principio, sin embargo, permanece.
El individuo necesita libertad porque necesita pensar y actuar para vivir.
Es posible impedirle determinadas acciones. Es posible censurar una publicación, cerrar una frontera, confiscar una propiedad o encarcelar a quien protesta. Un gobierno suficientemente poderoso puede hacer todas esas cosas. Lo que no puede hacer es transformar mediante una ley una violación de derechos en un acto moral, ni convertir automáticamente en inmoral a quien desobedece una disposición injusta.
En 1775, a Patrick Henry se atribuye una frase que sobrevivió a su época porque expresa de manera extraordinariamente concisa el valor que algunos seres humanos conceden a su autonomía: «Denme libertad o denme la muerte».
Más de dos siglos y medio después, hombres y mujeres continúan arriesgando su seguridad, su patrimonio y, en ocasiones, su vida para abandonar sociedades que les niegan la posibilidad de decidir por sí mismos.
Podrán levantarse muros, dictarse prohibiciones y multiplicarse controles. Podrán declarar ilegal aquello que ayer era legal y mañana volverá a serlo. Pero en tanto exista en el ser humano la voluntad de pensar, elegir y dirigir su propia vida, existirá también el impulso de escapar de quien pretenda hacerlo por él.
Porque la libertad, como la vida, siempre encuentra la manera de abrirse paso.
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