En Bolivia abundan quienes dicen representar a los trabajadores. La Central Obrera Boliviana (COB) lleva décadas arrogándose esa autoridad. Habla en nombre del “pueblo”, exige beneficios, negocia privilegios y se presenta como la voz legítima de quienes viven de su esfuerzo. Sin embargo, vale la pena plantear una pregunta que dudo ellos sean capaces de responder y que, por supuesto, no creo que les resulte muy cómoda: ¿Cuántas de las mujeres que sostenemos este país nos sentimos realmente representadas por esa estructura?
Porque mientras los dirigentes sindicales aparecen en conferencias de prensa, mesas de negociación y actos políticos en los que, desafortunadamente, intervienen la CIDH y otros organismos internacionales, millones de mujeres bolivianas estamos tratando de hacer algo mucho más importante: ¡trabajar! Estamos en la calle chambeando, camellando, laburando o de la manera que prefieran llamarlo, estimados lectores.
Trabajamos en mercados, talleres, pequeños negocios, emprendimientos familiares, actividades comerciales, servicios profesionales y miles de ocupaciones que rara vez se manifiestan en los discursos oficiales. Una considerable parte de nosotras sostiene hogares enteros. Otras intentan forjar patrimonio para sus hijos. Algunas se dieron a la tarea de independizarse económicamente de relaciones familiares o de pareja. Pero todas enfrentamos obstáculos reales que poco tienen que ver con frases de cajón sindicales y mucho menos con las condiciones bajo las cuales nos toca producir.
La discusión en torno a la independencia económica femenina suele concentrarse en subsidios, programas sociales, transferencias estatales o políticas de asistencia. Se habla constantemente de empoderamiento. Se diseñan nuevas iniciativas. Se anuncian más recursos. No obstante, pocas veces se formula una cuestión clave: ¿Qué tan libre es una mujer para trabajar, emprender, ahorrar, invertir o consolidar patrimonio propio en un país como Bolivia?
La verdadera independencia económica no consiste simplemente en recibir ingresos. Tampoco se reduce a participar en el mercado laboral. Una persona es independiente económicamente si posee la capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida, generar valor mediante su trabajo, acceder a oportunidades productivas y construir activos que le permitan disminuir su subordinación a terceros.
Vista desde esa perspectiva, la situación de muchas mujeres bolivianas revela una paradoja evidente. El problema no parece ser la falta de empuje, ya que las mujeres bolivianas trabajamos, emprendemos, gestionamos, organizamos, comerciamos, innovamos, etc., etc., etc. ¡Lo hemos hecho por generaciones! Lo que limita nuestro progreso y la tan anhelada libertad financiera proviene de otro lado.
La realidad es que buena parte de esas actividades se desarrollan en condiciones de informalidad persistente, baja productividad, acceso restringido al crédito y una enorme inseguridad jurídica. El empuje existe, claro está; de lo que carecemos son condiciones institucionales que permitan que nuestro esfuerzo se traduzca en resultados más sólidos y favorables.
Durante años se ha creado la pésima idea de que la solución reside en aumentar la tutela estatal: más programas, más regulaciones, más intermediarios, más burocracia. ¡No! ¡Así no! ¡Así no funciona la vida en Bolivia! Porque cuando una mujer anhela abrir un negocio, formalizar una actividad económica o expandir un emprendimiento se topa con una serie interminable de impedimentos que derivan de ese entramado regulatorio que aparentemente fue diseñado para ayudarla.
La independencia económica también descansa en algo que siempre recibe menos atención que los bonos o las transferencias: la propiedad privada.
Una mujer que posee una vivienda, una parcela, un local comercial o cualquier otro activo productivo dispone de herramientas concretas para afianzar su libertad financiera. Puede acceder a mejores oportunidades de crédito, tiene mayor capacidad de negociación dentro de su entorno familiar, cuenta con una red de seguridad frente a crisis económicas o personales o, en términos simples, echa mano de algo que nadie debería subestimar: margen de decisión.
Por el contrario, al ser el acceso a la propiedad incierto, costoso o inseguro, la dependencia se vuelve más difícil de romper. La libertad financiera requiere activos con la misma urgencia que requiere ingresos.
La misma lógica se reproduce en el acceso al crédito. Por décadas se ha celebrado el crecimiento de programas financieros dirigidos específicamente a mujeres. Algunos han generado oportunidades valiosas; otros, en cambio, han terminado reforzando dinámicas de dependencia apoyadas en nuevos métodos.
No todo crédito amplía la libertad. No. Cuando una persona solo puede acceder a financiamiento mediante esquemas restrictivos, montos insuficientes o mecanismos de presión social, las posibilidades reales de crecimiento siguen siendo limitadas. La diferencia entre sobrevivir y prosperar suele encontrarse precisamente allí. Por ende, conviene distinguir entre asistencia e independencia.
La asistencia puede aliviar necesidades inmediatas; en determinadas circunstancias, incluso será necesaria. Pero lo que jamás hará será sustituir la capacidad de una persona para construir una vida independiente a través de su propio esfuerzo.
Una mujer no alcanza la libertad financiera porque recibe un beneficio temporal. No. La alcanza cuando puede producir, ahorrar, invertir, contratar, emprender y conservar el fruto de su trabajo bajo reglas estables y previsibles.
Esa diferencia es especialmente importante en Bolivia. Durante largo tiempo se nos ha presentado a las mujeres principalmente como beneficiarias de políticas públicas. Aun menos frecuente es reconocernos como propietarias, inversionistas, emprendedoras o creadoras de riqueza.
El resultado: una visión limitada de nuestro potencial económico.
La mejor política pública para nosotras no radica en administrar nuestras vidas desde un escritorio. Radica en eliminar barreras que dificultan el progreso. Radica en proteger la propiedad privada, simplificar regulaciones, ampliar oportunidades de financiamiento, garantizar igualdad ante la ley y abrir espacios para que el talento individual florezca.
La independencia económica femenina no surgirá de una mayor dependencia respecto del poder político. Surgirá de una mayor libertad para actuar, producir y prosperar.
Y tal vez allí habita la pregunta que la COB rara vez se plantea: ¿Qué necesitamos realmente las mujeres que trabajamos todos los días para forjar una vida mejor, o por lo menos más digna?
La respuesta probablemente sea mucho más simple que cualquier programa gubernamental: ¡Necesitamos que nos #DejenChambear!
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