Hace unos años desapareció la Conferencia de Gobernadores Fronterizos (CGF), una iniciativa tremendamente interesante que se daba entre los gobernadores del sur de los Estados Unidos y los de la frontera norte de México. Un encuentro que no siempre propiciaba convenios formales, pero facilitaba la interacción personal entre mandatarios locales.
Esto a su vez generaba canales de comunicación para abordar aspectos locales de la relación bilateral. Tales espacios cumplían propósitos funcionales para los Estados y contribuían al fortalecimiento del turismo entre ambos países. Lamentablemente, la iniciativa se canceló hace unos años debido a que, en México, se consideraba una práctica ilegal: la legislación vigente establece que las entidades federativas no están autorizadas a desarrollar una política exterior propia, ya que esa atribución corresponde exclusivamente a la Federación. Fiel a una vieja costumbre nacional, nuestras leyes prefieren prohibir una práctica consolidada antes que adecuarse a la realidad y establecer un marco regulatorio para ella.
Me parece que la CGF es un mecanismo digno de ser recordado en la coyuntura actual de la relación bilateral. Si existiera tal cosa como visión estratégica en la conducción del Estado mexicano, nuestro país buscaría constantemente la creación de mecanismos adicionales para impulsar la relación bilateral. La legislación debió adecuarse para permitir su continuidad bajo condiciones establecidas por la Federación.
La finalidad debiera trascender la promoción turística y la atracción de inversiones para extender los contactos y vínculos de México con actores políticos estadunidenses. Todo foro orientado a ese objetivo debiera ser bienvenido y fortalecido. Dada la desconfianza generalizada que las autoridades norteamericanas mantienen hacia el gobierno federal mexicano, quizá convendría apostar por un acercamiento bilateral desde los ámbitos subnacionales.
Una oportunidad perdida
Me adelanto a la crítica: es verdad que los gobernadores son una de las causas principales del deterioro en la relación bilateral y que, en este punto, difícilmente podrían actuar en calidad de mediadores en este contexto de crisis y tensiones. No obstante, de haber existido el mecanismo de la conferencia, probablemente los partidos habrían sido más cuidadosos en la selección de sus candidatos, en tanto sabrían que los gobernadores serían interlocutores directos y continuos de sus contrapartes estadounidenses.
La integración política y económica de México y Estados Unidos continuará, aunque podría avanzar a través de cauces institucionales o al margen de ellos. Resultaría más conveniente que México habilitara nuevos canales y espacios de diálogo con su vecino. No se hizo y dudo que se haga.
Con todo, la relación bilateral seguirá requiriendo nuevas ventanas de comunicación entre los dos países. Bien podría pensarse en una iniciativa de reactivación de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos o en un renovado impulso a la diplomacia parlamentaria, en lugar de proponer la anulación de elecciones por intervención extranjera. Nada de esto hemos hecho, y la relación entre los dos países norteamericanos continúa inmersa en una espiral de degradación. A fin de cuentas, lo que se busca no es mejorar la relación entre Estados Unidos y México: es garantizar la permanencia en el poder.
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